El último informe del Consejo Económico y Social de Extremadura (CES) correspondiente al pasado año no es optimista respecto del futuro económico de la región. Además de afirmar, muy expresivamente, que el "año 2010 fue el de las esperanzas rotas" porque, lejos de ser el del inicio de la recuperación --muchos especialistas así lo creían-- ha sido el del abundamiento en las circunstancias de estrecheces y de destrucción de empleo, el CES también alertaba oportunamente al presidente de la Junta sobre los riesgos de llevar hasta las últimas consecuencias medidas de austeridad que comprometiesen servicios esenciales. Y no solo servicios esenciales; también obras e inversiones públicas.
Es cierto que, en esta hora de dificultades y medidas extraordinarias para salvar economías nacionales --tal es el caso de Irlanda, Portugal y Grecia-- y cuando los países de la UE solo se ponen de acuerdo si se asoman al abismo, lo que se espera no es la advertencia de que hasta la austeridad debe tener un límite, pero es lo cierto que la senda del ahorro a toda costa tiene efectos secundarios de los que es preciso guardarse. Uno de ellos es la pérdida de empleos, que en el caso de Extremadura, con más de 120.000 desempleados y con un paro que supera el 50% entre los jóvenes, hay que cuidarse y reflexionar mucho antes de adoptar cualquier decisión que termine no solo no atacando el problema sino desencadenando uno mayor.
En este sentido, las asociaciones de la construcción de la región manifestaban ayer en este periódico su temor a que la paralización de las obras del AVE como consecuencia del ´desenganche´ portugués de su parte en la línea Madrid-Lisboa supondría la puntilla para un sector que, en estos momentos, está viviendo en buena parte de las subcontratas que aporta la construcción de esa línea. Es un ejemplo ilustrativo de lo que puede acarrear la austeridad llevada a las obras de Alta Velocidad extremeña: la destrucción de cientos de empleos más de los que ya se han destruido en el sector. Pero esto, que es una llamada de atención al Gobierno central porque suya es la financiación de la obra, vale también para el extremeño. José Antonio Monago manifestaba a este periódico después de su toma de posesión que habría que replantearse algunas de las obras públicas previstas porque no hay dinero para acometerlas. Una de ellas podría ser la autovía Cáceres-Badajoz, aun a pesar de que su coste está comprometido por el Gobierno central, si bien el autonómico debe adelantar el dinero. El argumento de Monago de la falta de fondos, es lógico y entendible, pero no es el único que debe tenerse en cuenta: los problemas son complejos y en la supresión de un proyecto no es solo el ahorro el factor que cuenta. Cuentan también los efectos, sociales y económicos, que tiene y que pueden resultar más importantes que el primero. La inversión no tiene por qué ser un derroche, en cambio el ahorro puede ser una solución envenenada. Tal vez sea necesario recordarlo, y más en estos tiempos en que los nuevos dirigentes populares están colocando el ahorro en el frontispicio de su edificio programático, quizá condicionados porque la opinión pública parece dispuesta solo a tener oídos para la palabra ahorro, como si de ella deviniese la solución a todos nuestros problemas, cuando puede ser justo lo contrario.
Fuente: El periódico de Extremadura
